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03:40 am  23/02/2018, Lima Norte, Perú

Dirigentes de comedores populares advierten sobre efectos de posible reducción de subsidio estatal

Dirigentes de comedores populares advierten sobre efectos de posible reducción de subsidio estatal
Hasta 1 millón de personas podrían volver a entrar al círculo de la pobreza, o pasar de pobres a pobres extremos
No se oponen al Registro Unificado de Beneficiarios, piden mejorar sistema de inscripción
En una coyuntura en la que se habla de reducir el apoyo del Estado a programas sociales entre ellos el dirigido a los comedores populares, bajo la premisa de que hay menos pobres, las dirigentas de las organizaciones que agrupan a los comedores populares salen al frente, acompañadas de economistas, para responder a estas afirmaciones. 
Su respuesta también está basada en cifras.  Una de ellas grafica lo que ocurriría de reducirse el apoyo estatal a los comedores: actualmente, los comedores atienden a nivel nacional a 873 mil personas, 8.6% de personas pobres comprendidas en el 36,2% de pobreza que reconocen las cifras oficiales.  Redondeando el porcentaje a 10%, si se dejara de atender a estas personas, se expondría a ser más pobres a aproximadamente 1 millón de personas.
Quienes hubieran alcanzado ingresos medios volverían a ser pobres y los pobres pasarían a una situación de pobreza extrema.
El cálculo ha sido hecho por el economista Humberto Ortiz, autor, junto con Gloria Cuba, del estudio “Aporte económico de los comedores”, que será presentado el próximo 1º de Junio en el Congreso de la República.
Subsidio del Estado y subsidio de las mujeres
María Bozeta, presidenta de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima Metropolitana (FEMOCCPALM), organización con más de 20 años de trabajo en la capital, aporta otras cifras:  
“En cada uno de los 4,000 comedores de Lima se atiende a un promedio de 6% de casos sociales, ellos son lo que se llama pobres extremos, no tienen ni para pagar un plato de comida.  Nosotras, las mujeres que trabajamos en los comedores, les subsidiamos a ellos sus raciones en un 100%.  Atendemos 19,169 raciones de casos sociales al año”. 
Si hubiera reducción al programa, no podría atenderse estos casos, subraya Bozeta, y el Estado tendría que asumirlos.  Cada comedor atiende en promedio a 80 personas cuyas raciones el Estado subsidia en 19% y las mujeres subsidian el 81% restante.    
Trabajo sin remuneración  
Este trabajo de las mujeres, hasta ahora no registrado por ninguna cuenta nacional, es lo que ellas aportan para el funcionamiento de cada comedor:  fundamentalmente, su trabajo, aunque también los gastos de local, agua, luz.  
“Si tuviéramos que ponerle un precio al trabajo de ser cocineras diarias, ahí está nuestro aporte. Mientras no se haga, seguiremos siendo cocineras del Estado”, afirma la presidenta de FEMOCCPALM.
Sobre la base del 81% de subsidio aportado por las propias socias a las raciones, Humberto Ortiz ha calculado el costo de este trabajo en más de 330 millones de soles anuales.  Es decir, equivaldría a otro PBI (110 millones de dólares). 
Para darle real valor a este trabajo, la congresista Rosario Sasieta ha presentado un proyecto de ley que regula la inclusión del trabajo doméstico y comunitario no remunerado en las cuentas nacionales.  
No se oponen al registro unificado de beneficiarios 
Contrariamente a lo que podría pensarse, las mujeres de los comedores populares no se oponen al registro unificado de beneficiarios de beneficiarios emprendido por el gobierno.  Sí tienen algunas observaciones a la forma como se está realizando este trabajo.
Relinda Sosa, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), afirma que están de acuerdo con la actualización del registro, “porque también nos va a servir a nosotras para defender el presupuesto.  Lo que discutimos es el procedimiento y que sea un único registro que se pretenda implementar de la misma forma a todos los programas”.  
Acaba de regresar de Puno y Cusco, donde pudo ver que “recién están entregando la ficha y muchas beneficiarias no tienen información suficiente”. Además le preocupa el tope de 30 minino y en el mejor de los casos 50 beneficiarios por comedor y que los registradores se nieguen a inscribir a los 20, 30 o masque algunos atienden por encima de este límite.
A María Bozeta le preocupa que a los digitadores de padrones en Lima se les ha pedido una “cuota” de 450 beneficiarios que tienen que entregar cada día.  “De digitadores han pasado a ser depuradores”, afirma.  En su caso, anuncia, ellas van a contrastar la cifra que arroje cada comedor, padrón por padrón, pues tienen sus propios registros.  
Según la ley 28540, el plazo para el nuevo registro vence el 30 de mayo.  Si para entonces no están listos los padrones, se pone en riesgo el presupuesto para los comedores populares del segundo semestre del año.

• Hasta 1 millón de personas podrían volver a entrar al círculo de la pobreza, o pasar de pobres a pobres extremos
• No se oponen al Registro Unificado de Beneficiarios, piden mejorar sistema de inscripción
En una coyuntura en la que se habla de reducir el apoyo del Estado a programas sociales entre ellos el dirigido a los comedores populares, bajo la premisa de que hay menos pobres, las dirigentas de las organizaciones que agrupan a los comedores populares salen al frente, acompañadas de economistas, para responder a estas afirmaciones. 

Su respuesta también está basada en cifras.  Una de ellas grafica lo que ocurriría de reducirse el apoyo estatal a los comedores: actualmente, los comedores atienden a nivel nacional a 873 mil personas, 8.6% de personas pobres comprendidas en el 36,2% de pobreza que reconocen las cifras oficiales.  Redondeando el porcentaje a 10%, si se dejara de atender a estas personas, se expondría a ser más pobres a aproximadamente 1 millón de personas.

Quienes hubieran alcanzado ingresos medios volverían a ser pobres y los pobres pasarían a una situación de pobreza extrema.

El cálculo ha sido hecho por el economista Humberto Ortiz, autor, junto con Gloria Cuba, del estudio “Aporte económico de los comedores”, que será presentado el próximo 1º de Junio en el Congreso de la República.

Subsidio del Estado y subsidio de las mujeres

María Bozeta, presidenta de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima Metropolitana (FEMOCCPALM), organización con más de 20 años de trabajo en la capital, aporta otras cifras:  

“En cada uno de los 4,000 comedores de Lima se atiende a un promedio de 6% de casos sociales, ellos son lo que se llama pobres extremos, no tienen ni para pagar un plato de comida.  Nosotras, las mujeres que trabajamos en los comedores, les subsidiamos a ellos sus raciones en un 100%.  Atendemos 19,169 raciones de casos sociales al año”. 

Si hubiera reducción al programa, no podría atenderse estos casos, subraya Bozeta, y el Estado tendría que asumirlos.  Cada comedor atiende en promedio a 80 personas cuyas raciones el Estado subsidia en 19% y las mujeres subsidian el 81% restante.    

Trabajo sin remuneración  

Este trabajo de las mujeres, hasta ahora no registrado por ninguna cuenta nacional, es lo que ellas aportan para el funcionamiento de cada comedor:  fundamentalmente, su trabajo, aunque también los gastos de local, agua, luz.  

“Si tuviéramos que ponerle un precio al trabajo de ser cocineras diarias, ahí está nuestro aporte. Mientras no se haga, seguiremos siendo cocineras del Estado”, afirma la presidenta de FEMOCCPALM.

Sobre la base del 81% de subsidio aportado por las propias socias a las raciones, Humberto Ortiz ha calculado el costo de este trabajo en más de 330 millones de soles anuales.  Es decir, equivaldría a otro PBI (110 millones de dólares). 

Para darle real valor a este trabajo, la congresista Rosario Sasieta ha presentado un proyecto de ley que regula la inclusión del trabajo doméstico y comunitario no remunerado en las cuentas nacionales.  

No se oponen al registro unificado de beneficiarios 

Contrariamente a lo que podría pensarse, las mujeres de los comedores populares no se oponen al registro unificado de beneficiarios de beneficiarios emprendido por el gobierno.  Sí tienen algunas observaciones a la forma como se está realizando este trabajo.

Relinda Sosa, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), afirma que están de acuerdo con la actualización del registro, “porque también nos va a servir a nosotras para defender el presupuesto.  Lo que discutimos es el procedimiento y que sea un único registro que se pretenda implementar de la misma forma a todos los programas”.  

Acaba de regresar de Puno y Cusco, donde pudo ver que “recién están entregando la ficha y muchas beneficiarias no tienen información suficiente”. Además le preocupa el tope de 30 minino y en el mejor de los casos 50 beneficiarios por comedor y que los registradores se nieguen a inscribir a los 20, 30 o masque algunos atienden por encima de este límite.

A María Bozeta le preocupa que a los digitadores de padrones en Lima se les ha pedido una “cuota” de 450 beneficiarios que tienen que entregar cada día.  “De digitadores han pasado a ser depuradores”, afirma.  En su caso, anuncia, ellas van a contrastar la cifra que arroje cada comedor, padrón por padrón, pues tienen sus propios registros.  

Según la ley 28540, el plazo para el nuevo registro vence el 30 de mayo.  Si para entonces no están listos los padrones, se pone en riesgo el presupuesto para los comedores populares del segundo semestre del año.

Mabel Barreto

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