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03:08 pm  22/11/2017, Lima Norte, Perú

Asesinatos de La Cantuta, 17 años después

Deudos_CantutaEsta semana se conmemora la matanza de La Cantuta. Los deudos respiran justicia, tras 17 años de lucha intensa, pues el principal culpable de aquel acto de barbarie, el ex dictador Alberto Fujimori, fue condenado por un tribunal peruano.

Raida Cóndor se ha sentado a caminar, a recorrer mentalmente los pasos dados durante los 17 años que le tomó encontrar justicia para su hijo Armando, asesinado la madrugada del 18 de julio de 1992 por los integrantes del sanguinario Grupo Colina, liderados por el mayor Santiago Martin Rivas y el general Luis Pérez Documet, quienes irrumpieron en la residencia universitaria de La Cantuta y secuestraron a nueve estudiantes y al profesor Hugo Muñoz, a quienes mataron a balazos, sin más trámite.

Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente y cubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, kilómetro 1.5 de la autopista Ramiro Prialé. Posteriormente, a raíz de una investigación periodística, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, los incineraron y los trasladaron a nuevas fosas clandestinas ubicadas en Cieneguilla. Quien dio las directivas para éste y otros crímenes fue el ex dictador Alberto Fujimori.

Raida ya no tiene las mismas fuerzas de antes y unos dolores fuertes invaden sus piernas cada vez con más frecuencia e intensidad. Por eso ella agradece que la condena de 25 años de prisión por este caso para Fujimori haya llegado antes de que los males propios de su edad le impidieran enfrentarse al poder.

El día que se enteró de la desaparición de su hijo, Raida fue a la residencia universitaria donde Armando dormía, comenzó a recoger la ropa que su hijo había dejado tendida. Al ingresar al cuarto se agachó para ver debajo de la cama y encontró los zapatos de Armando. ¿Por qué están los zapatos de mi hijo?, preguntó. Se lo habían llevado descalzo, así se enteró que lo habían sacado durante la madrugada en calzoncillos, sin zapatos. Ese día comenzó su calvario. Antes que ocurriera el asesinato de su hijo, Raida nunca había entrado a un comisaría ni conocía la Fiscalía y pensaba que el Congreso era una iglesia. Nunca imaginó que tendría que recorrer esos lugares incansablemente.

Si Armando viviera, tendría 42 años, sería profesional y quizá le hubiera dado nietos a su madre. Ella recuerda, como si fuera ayer, aquel 20 de agosto de 1993, cuando el fiscal Víctor Cubas Villanueva, en una diligencia realizada en la residencia estudiantil de la universidad, probó las llaves encontradas días antes en una fosa de Cieneguilla. Con una de esas llaves, el fiscal abrió el armario de Armando y otra llave abrió la puerta de su casa. No hubo dudas, su hijo había sido víctima de la guerra sucia instaurada en el país por Fujimori. El cuerpo de Armando nunca fue encontrado.

Otro día que Raida lleva en la memoria es el primero de septiembre de 1994, cuando los restos de los fallecidos fueron llevados al frontis del Palacio de Justicia y los deudos exigieron una condena justa para los responsables. Raida estuvo en Panamá luchando para que Montesinos no obtuviera asilo político, también fue a Costa Rica para testimoniar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en Chile para conseguir la extradición de Fujimori.

Al principio fue ignorada, recibió amenazas y hasta la estafaron. Los medios de comunicación no le daban espacio y, por si fuera poco, intentaban desacreditarla afirmando que las víctimas eran terroristas y seguramente ella también lo era. Además, muchas veces fue víctima, junto a su hija Carmen, de la violencia y la indiferencia policial.

La noche antes de la lectura de sentencia a Fujimori, Raida y los demás deudos de La Cantuta y Barrios Altos realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia, al llegar al lugar divisamos que unos policías la jaloneaban, entonces intervenimos.

-¿Qué pasa doña Raida?
-Estos policías que me quieren quitar mi mochila, dicen que para revisar si llevo una bomba.

-¿Una bomba?
-Sí pues, tengo 17 años luchando en las calles por justicia y a pocas horas de escuchar la condena para el asesino de mi hijo no se me va ocurrir hacer justicia con mis propias manos.

-No les haga caso…
-Es que da cólera, yo sólo quería sacar la foto de mi hijo que llevo pegada en una maderita, nada más.

Al día siguiente, escuchó la condena que recibió el asesino de su hijo. “La justicia limpió el nombre de mi Armando. Al fin encontré justicia. Estoy muy emocionada; gané, entró la felicidad en mi casa. Tenía miedo, estaba nerviosa, pero ahora me siento feliz. Puedo alzar la cabeza y decir que mi hijo fue Armando Amaro Cóndor”, dijo satisfecha, consciente de que logró ganarle a la impunidad pero sin regocijarse por la situación del condenado.

La lucha de Gisela
A Gisela Ortiz le cambió la vida el día que su hermano Enrique desapareció. Por encontrar a los responsables de la muerte de su hermano tuvo que abandonar la universidad y cumplir a tiempo completo la difícil tarea de encontrar a los culpables y no descansó hasta verlos en la cárcel.

Gisela estaba almorzando en la casa de una tía cuando llegó la enamorada de su hermano, asustada, con la noticia de que Enrique había sido detenido. “No te asustes, seguro que está en la Dincote, seguro que ya va a salir”, intentó calmarla. Ambas fueron a la universidad donde sólo encontraron rostros abatidos y llenos de tensión. Bastaron pocos momentos para que Gisela se diera cuenta de que las cosas habían sido diferentes a lo que pensaba. Los militares no habían ido a buscar libros, bombas o armas, como otras veces, simplemente fueron a coger personas.

Ella ocultó la desaparición de Enrique a sus padres, quienes vivían en Moyobamba, para no preocuparlos y porque quería creer también que él aparecería en cualquier momento, aunque su instinto de hermana mayor le decía otra cosa. Cansada de buscar, desesperada, Gisela viajó el 10 de agosto a Moyobamba y le contó lo ocurrido a su papá, el profesor Víctor Ortiz, y no quería que su madre se enterara. Habló con él y le confesó que había buscado a su hermano y que no lo había podido encontrar. “Así es la vida universitaria, es peligrosa, pero ya va aparecer, quédate tranquila”, le dijo su padre. Cuatro meses después Gisela retornó a Moyobamba y encontró a su papá sin ánimos para seguir viviendo.

Sola en Lima, la lucha de Gisela se tornó más difícil. Nos cuenta que al principio no quería dar declaraciones, y cuando hablaba no dejaba ni que la fotografiaran porque vivía alojada en la casa de un amigo en un asentamiento humano en el Callao y le daba pena que por su culpa los militares le hicieran daño a quien la alojaba. Hasta tuvo que quemar sus documentos para evitar ser identificada, renunciar a su identidad le dolió mucho, pero tuvo que ponerse fuerte y enfrentarse a la dictadura. Hace pocos meses Gisela terminó de estudiar administración y ahora trabaja para el Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf) apoyando en la difícil labor de descifrar cómo murieron otras víctimas del terror, como Enrique y sus compañeros de La Cantuta.

“Hemos intentado rehacer nuestras vidas, hemos intentado volver a nuestros estudios, lamentablemente en la misma universidad La Cantuta cuando fui a querer renovar mis estudios me dijeron que había pasado mucho tiempo y que ya no podía volver a hacerlo. Durante la década de los 90, cuando buscaba trabajo, tenía el estigma de ser familiar de las víctimas de La Cantuta. Nosotros ya no somos personas normales, los recuerdos nos han marcado para siempre. Si queremos un país diferente debemos luchar para que las futuras generaciones no sepan de desaparecidos ni asesinados”, le dijo Gisela a la Comisión de la Verdad hace siete años y cumplió su palabra, pues ahora es una reconocida activista de derechos humanos. El 11 de junio pasado la vimos en primera fila marchando en solidaridad con los nativos asesinados en Bagua pues, con Fujimori condenado, su lucha también es por defender los derechos de todo aquel peruano víctima de cualquier gobierno genocida “como el de Alan García”, afirma.

Marcelo Puelles

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